Elecciones ajustadas, arquitectura institucional y el límite de leer una región desde una sola clave

Iván Merino A

1. El problema con la etiqueta

Buena parte del análisis internacional sobre América Latina —producido desde matrices de lectura eurocéntricas o desde la prensa angloamericana— ha instalado la idea de una «ola» o «giro a la derecha» regional a partir de los resultados electorales de Chile, Colombia y Perú entre 2025 y 2026, sumando de forma marginal a El Salvador. Esa lectura tiene un defecto de origen: homogeniza procesos electorales con dinámicas internas, márgenes y mecanismos completamente distintos, y confunde el resultado de una elección —un artefacto de sistema electoral, oferta de candidaturas y movilización diferencial— con un desplazamiento ideológico real y sostenido de la sociedad. Bolivia atraviesa una crisis fiscal y de gobernabilidad que no se explica en clave ideológica, y Venezuela permanece en un limbo bajo tutelaje norteamericano que no constituye un proceso electoral competitivo comparable.

Este documento reconstruye, con datos duros, por qué la tesis de la «derechización» no resiste el escrutinio empírico en la forma en que habitualmente se presenta, y propone qué evidencia sí sería necesaria para sostener o descartar la tesis con rigor.

2. Lo que muestran los resultados electorales

2.1 Perú: un empate estadístico

La segunda vuelta presidencial peruana de 2026 se resolvió por un margen extremadamente estrecho. Con el 98,59 % de actas contabilizadas, Keiko Fujimori obtenía 50,052 % de los votos válidos contra 49,948 % de Roberto Sánchez, una diferencia de apenas 18.478 votos sobre más de 9 millones emitidos por cada candidatura ^[1]. En etapas previas del conteo, con el escrutinio aún parcial, la diferencia llegó a ser de solo unos cientos de votos ^[1]. El resultado final favoreció a Fujimori en gran medida por el voto en el exterior, donde obtuvo 63,4 % frente a 36,6 % de Sánchez ^[3], revirtiendo la ventaja que este último mantenía en el escrutinio doméstico. La proclamación oficial de Fujimori como presidenta electa se produjo recién el 29 de junio de 2026, tras la revisión de miles de actas impugnadas ^[2].

2.2 Colombia: un punto de diferencia

En la segunda vuelta colombiana del 21 de junio de 2026, Abelardo de la Espriella se impuso a Iván Cepeda por un margen inicial de apenas 0,96 puntos porcentuales (49,66 % contra 48,70 %) ^[4], que se mantuvo estrecho durante todo el escrutinio oficial. En primera vuelta, la diferencia entre ambos candidatos había sido de 673.168 votos (43,74 % contra 40,90 %) ^[5], muy por debajo de lo que anticipaban las encuestas previas. Se trata, igual que en Perú, de un balotaje resuelto en el margen de error estadístico, no de un mandato amplio.

2.3 Chile: la excepción que hay que explicar, no ocultar

El caso chileno rompe el patrón de empate. En el balotaje del 14 de diciembre de 2025, José Antonio Kast derrotó a Jeannette Jara por 58,30 % contra 41,70 %, una diferencia superior a 16 puntos ^[6]. La primera vuelta sí había sido ajustada, con ocho candidaturas fragmentando el voto (Jara 26,85 %, Kast 23,92 %) ^[7], pero en segunda vuelta el electorado de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser se consolidó rápidamente detrás de Kast. Leído solo en clave electoral, este caso contradice la tesis de que no hay corrimiento a la derecha. Por eso el argumento no puede sostenerse únicamente en la lectura de resultados: necesita apoyarse en evidencia independiente de la urna, que se desarrolla en las secciones 4 y 5.

3. Por qué la lectura puramente electoral es insuficiente

Es necesario precisar un punto técnico frecuentemente confundido en el debate público: la cifra repartidora (método D’Hondt) es un mecanismo de asignación proporcional de escaños legislativos, no de elecciones presidenciales a doble vuelta. En Chile, Colombia y Perú la presidencia se define por mayoría absoluta o balotaje, no por reparto proporcional, de modo que atribuir los resultados presidenciales a ese mecanismo específico carece de sustento técnico. El fenómeno relevante es otro: la segunda vuelta mayoritaria, de matriz francesa, que en Perú y Colombia produjo victorias por márgenes mínimos y en Chile produjo, en cambio, una consolidación amplia y sin ambigüedad.

Un segundo mecanismo, distinto del institucional, resultó decisivo en Perú: el voto de la diáspora. El electorado peruano en el exterior favoreció a Fujimori por 63,4 % frente a 36,6 % ^[3], revirtiendo el resultado doméstico. Este comportamiento no responde a «ingeniería electoral europea», sino a la economía política de la migración —exposición a mercados laborales formales, remesas, aversión al riesgo político—, un fenómeno más cercano a los marcos de dependencia y economía política que a un diseño institucional importado.

4. El límite de las encuestas de autoidentificación política

El Centro de Estudios Públicos (CEP) registró en Chile un aumento de la autoidentificación con la derecha, de 19 % a 24 % entre 2023 y 2025, principalmente a costa del centro político ^[8]. Este dato suele citarse como prueba independiente de derechización, pero tiene un problema metodológico de fondo que es necesario reconocer: la escala izquierda-derecha presupone un consenso semántico previo sobre qué significa cada polo, consenso que la propia encuesta no verifica ni construye. El fenómeno corresponde a lo que la ciencia política clásica (Converse, 1964) describe como «no-actitudes«: el entrevistado responde a una etiqueta sin que exista garantía de que su noción de «derecha» corresponda a una posición sustantiva coherente, y no a una simple asociación con un candidato, un clima de opinión o el rechazo al oficialismo de turno. Usar esa autoidentificación como evidencia de una transformación ideológica de fondo implica adjudicarle al instrumento un supuesto —la existencia previa de un mapa ideológico calibrado en el entrevistado— que no está garantizado.

Conviene una precisión adicional sobre esta misma encuesta del CEP, no como un dato distinto que corrobore la tesis de este documento, sino como una segunda razón para dudar del instrumento: el propio corrimiento hacia la derecha que el CEP reporta no es uniforme, sino que se concentra de forma desigual entre tramos etarios ^[8]. Este dato no se introduce aquí como prueba independiente de nada: es una observación sobre el mismo instrumento ya cuestionado en el párrafo anterior, y sirve únicamente para reforzar esa misma cautela metodológica. Si la autoidentificación reflejara una conversión ideológica real y estable del electorado, sería razonable esperar un corrimiento parejo entre generaciones; que no lo sea es, otra vez, un problema de la encuesta, no una segunda pieza de evidencia a favor de la tesis de este documento.

5. Indicadores estructurales: la evidencia que sí resiste el escrutinio

La objeción más sólida a la tesis de la derechización no depende de elecciones ni de encuestas de identidad, sino de indicadores estructurales que fijan posiciones de clase con independencia de qué coalición gobierne en un momento dado. Estos indicadores son más difíciles de manipular narrativamente porque no dependen de que el entrevistado se autoclasifique ni de la coyuntura de un balotaje.

5.1 Desigualdad de ingreso: el peor registro de la OCDE

Según la OCDE, Chile registra el coeficiente de Gini de ingreso disponible más alto entre los países miembros, con una brecha entre el decil más rico y el más pobre que supera la razón de 20 a 1, muy por encima del promedio de 8,4 a 1 del resto de la organización ^[9]. Un estudio académico sobre la distribución de ingresos en Chile que incorpora las utilidades no distribuidas de las empresas —normalmente subregistradas en las encuestas de hogares— muestra que el Gini de mercado es aún más alto de lo que reportan las mediciones convencionales una vez que se corrige con datos tributarios administrativos ^[10]. Un trabajo complementario sobre la evolución histórica de los ingresos más altos en Chile (1964-2017) documenta que la participación del 1 % superior en el ingreso total se ha mantenido persistentemente elevada a través de gobiernos de distinto signo político ^[11]. Es decir, no es solamente que el ingreso de mercado sea desigual: es que esa desigualdad tiene una inercia de largo plazo que la alternancia electoral no ha logrado revertir.

5.2 Arquitectura institucional: el legado de la capitalización individual

Chile es el país de origen del sistema de pensiones de capitalización individual (AFP, 1981) y mantiene un sistema de salud segmentado entre Isapres privadas para quienes pueden pagar y Fonasa para el resto. Estas instituciones fijan trayectorias de bienestar diferenciadas por clase de forma estructural, y ningún gobierno —de Bachelet a Boric— las ha desmontado en lo sustantivo. Es un ejemplo claro de cómo la alternancia electoral no necesariamente altera la arquitectura que reproduce la desigualdad.

5.3 Economía de enclave: minería en el norte, forestales en el sur

El patrón de enclave extractivo se repite en dos zonas del país, y a diferencia de una versión anterior de este documento, hoy es posible documentarlo con evidencia empírica directa y no solo por analogía teórica. En el norte, la gran minería del cobre presiona sobre los escasos recursos hídricos del desierto de Atacama desde comienzos del siglo XX: la incorporación de las aguas del río Toconce a la matriz de abastecimiento de Antofagasta, decidida en un contexto de escasez agravado por la expansión de la escala minera, expuso a la población a concentraciones de arsénico hasta 80 veces superiores al límite que hoy recomienda la Organización Mundial de la Salud, con consecuencias sanitarias documentadas sobre miles de personas entre 1915 y 1971 [25]. Un patrón similar se repite en la cuenca del río Loa, donde la explotación de Codelco Norte y Soquimich secó y contaminó el cauce, destruyendo la economía del oasis de Quillagua y obligando el traslado de los 25.000 habitantes de Chuquicamata a Calama por contaminación atmosférica [26]. La magnitud actual de esa presión es cuantificable: solo en la provincia de Antofagasta la minería consume más de mil litros de agua superficial por segundo y concentra prácticamente la totalidad de los derechos de agua subterránea de la zona [27]. Esta tensión no es coyuntural sino estructural: la región combina una de las disponibilidades naturales de agua más bajas del país con el sector minero más influyente, lo que obliga a repartir un recurso escaso entre el consumo humano y el industrial en un territorio que, pese a sostener buena parte de las exportaciones chilenas, mantiene escasez histórica de agua potable —gestionada en parte por una empresa privada y con episodios documentados de contaminación por arsénico— junto con cortes de suministro recurrentes [28][29]. En el sur, la industria forestal ha sustituido bosque nativo por plantaciones de pino y eucalipto en tierras que las comunidades mapuche consideran usurpadas, mientras los beneficios de esa industria se reparten de forma marginal en una de las regiones más pobres del país. Ambos casos —el hídrico-minero en el norte y el forestal en el sur— son variantes de la misma lógica de economía de enclave que la teoría de la dependencia describe para la región en su conjunto: el excedente se extrae hacia fuera del territorio de origen sin traducirse en bienestar para la población que convive con el costo ambiental y sanitario directo de la extracción.

5.4 Conflicto mapuche y el desgaste de la socialdemocracia gobernante

El gobierno de Gabriel Boric, que llegó al poder con una plataforma de diálogo y reconocimiento hacia el pueblo mapuche, terminó administrando y prorrogando reiteradamente el estado de excepción constitucional en la Araucanía, la misma herramienta que había criticado utilizar a su antecesor Sebastián Piñera. Un estudio académico sobre la geografía de la protesta mapuche durante el primer año del gobierno de Boric documenta la persistencia e incluso intensificación de la conflictividad territorial pese al cambio de coalición gobernante ^[12], y los informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre la Región de la Araucanía registran, a través de sucesivos gobiernos, patrones recurrentes de tensión entre el despliegue de fuerzas de seguridad y las comunidades mapuche ^[13]. Jeannette Jara, candidata presidencial del oficialismo en 2025, heredó ese desgaste sin margen para reconstruir la relación con ese electorado durante la campaña. Este desencanto de la izquierda con su propio gobierno —documentado en fuentes académicas e institucionales, no en impresión de terreno— es un factor de desmovilización que una lectura basada solo en el resultado electoral no puede capturar, y que no equivale a una conversión ideológica del electorado hacia la derecha.

5.5 Reproducción étnica de las posiciones de prestigio

Existe una tradición de investigación económica en Chile —los estudios sobre apellidos, discriminación y meritocracia en el mercado laboral de Javier Núñez y colegas— que documenta la sobrerrepresentación de apellidos de origen europeo en profesiones de prestigio y en el acceso a cargos de mayor jerarquía, frente a la práctica ausencia de apellidos de origen mapuche en esos mismos espacios ^[14], así como el uso del apellido como mecanismo de diferenciación social en el mercado laboral chileno ^[15]. Un estudio de red basado en apellidos de más de cuatro millones de residentes del Gran Santiago, realizado por académicos de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, confirma además una segregación urbana profunda: la diversidad de apellidos aumenta junto con el nivel socioeconómico del barrio, lo que indica barreras de integración social entre clases con independencia de la proximidad geográfica ^[16]. Esto aporta una dimensión étnico-racial y territorial a la persistencia de clase que los datos de ingreso por sí solos no capturan del todo.

6. Colombia: la persistencia de las clases tradicionales

Colombia presenta, con independencia del resultado electoral de 2026, uno de los perfiles de movilidad social más rígidos de la región, lo que sostiene la idea de una estructura de clase que ninguna alternancia ha logrado modificar. Según la Base de Datos Mundial sobre Movilidad Intergeneracional del Banco Mundial, que compara la persistencia de ingresos entre generaciones en decenas de países, Colombia se ubica entre los primeros lugares en rigidez: si un padre gana el doble que otro, es altamente probable que su hijo gane también más del doble que el hijo del padre de menores ingresos ^[18], un hallazgo consistente con el informe del Banco Mundial sobre movilidad económica intergeneracional a nivel global, que identifica a los países latinoamericanos entre los de menor movilidad educativa e ingreso del mundo ^[19]. En el Índice Global de Movilidad Social del Foro Económico Mundial, que mide la capacidad de los ciudadanos de 82 países para prosperar más allá de su origen socioeconómico, Colombia se ubicó en un rango medio-bajo de la tabla, por debajo de Uruguay y Chile ^[20].

Esta rigidez estructural es compatible con la persistencia de redes familiares y de clase en el acceso a educación superior de prestigio, cargos directivos y capital político. Un estudio de la Corporación Andina de Fomento (CAF) sobre la persistencia de rango social a través de apellidos en Colombia y Chile durante largos periodos históricos encuentra que las familias de la aristocracia colonial y republicana permanecen sobrerrepresentadas en las posiciones de mayor estatus varias generaciones después, con una velocidad de regresión a la media social extremadamente lenta ^[17]. Ni el gobierno de derecha de Iván Duque, ni el de izquierda de Gustavo Petro, ni previsiblemente el entrante de Abelardo de la Espriella, han logrado modificar esa rigidez de fondo. Es exactamente el patrón que este documento describe para Chile en la sección anterior: la alternancia electoral no equivale, por sí sola, a transformación de la estructura de clase, y leer el balotaje de 2026 como un «giro a la derecha» ignora que la posición relativa de las élites tradicionales colombianas es anterior y ajena al resultado de cualquier segunda vuelta.

7. Perú: deterioro de las condiciones de vida material

Con independencia del resultado ajustado de la segunda vuelta de 2026, la calidad de vida material de la población peruana muestra signos de deterioro sostenido en los últimos años, lo que refuerza que la discusión sobre «derechización» no captura lo más relevante para la mayoría de la población: la persistencia y, en varios frentes, el empeoramiento de las condiciones estructurales de vida.

Informalidad laboral. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 70,2 % de la población ocupada peruana trabajó en condiciones informales durante 2025 —12,3 millones de personas sin acceso pleno a seguro de salud, aportes previsionales o estabilidad contractual ^[21]. La informalidad supera el 94 % en el área rural, y ciudades como Juliaca alcanzan 82 % ^[21]. Solo el 42,7 % de los trabajadores está afiliado a algún sistema de pensiones, proporción que cae a 14,6 % en zonas rurales ^[21].

Desnutrición y anemia infantil. La anemia afectó a 34,9 % de los niños de 6 a 35 meses en 2025, con regiones de la sierra y la selva muy por encima del promedio nacional ^[22]. La desnutrición crónica en menores de cinco años se mantuvo estancada en 12,1 %, con picos superiores al 20 % en Loreto y Huancavelica ^[22], cifras que llevan más de una década sin resolverse pese a sucesivos planes nacionales de nutrición infantil.

Violencia y extorsión. El año 2025 cerró con 2.451 homicidios a nivel nacional —casi siete diarios en promedio— y más de 25.000 denuncias de extorsión registradas por el Ministerio Público, un incremento del 20 % respecto al año anterior ^[23]. Los registros del Sistema Informático Nacional de Defunciones muestran que los homicidios en Lima casi se triplicaron entre 2017 y 2023 (de 240 a 695 casos) ^[24]. El sector transporte concentró buena parte de la violencia, con numerosos conductores y cobradores de buses asesinados durante el año por negarse a pagar cupos de extorsión ^[23].

Infraestructura y territorio. Estos indicadores conviven con brechas históricas de infraestructura urbana en distritos populares de Lima —San Juan de Lurigancho, Comas, Ate, Villa El Salvador, San Martín de Porres, entre otros— que son, a la vez, los que concentran las mayores tasas de homicidio y extorsión de la capital ^[23], lo que evidencia que el deterioro de las condiciones de vida no se distribuye de forma homogénea, sino que golpea con mayor intensidad a los sectores populares urbanos ya desatendidos en materia de agua, saneamiento y vialidad.

Este panorama es transversal a gobiernos de distinto signo político que se han sucedido en el Ejecutivo peruano en los últimos años (Castillo, Boluarte, Jerí) y confirma, igual que en los casos chileno y colombiano, que la variable relevante no es qué coalición ocupa el Palacio de Gobierno, sino una estructura de precariedad laboral, salud pública deficiente y colapso de la seguridad ciudadana que ninguna alternancia electoral ha revertido hasta ahora.

8. Matices regionales: Bolivia, Venezuela y El Salvador

Sumar a Bolivia, Venezuela y El Salvador al relato de una «ola de derecha» homogénea agrava el problema metodológico general. Bolivia atraviesa una crisis fiscal y de gobernabilidad bajo la presidencia de Rodrigo Paz que responde a dinámicas de deuda soberana y escasez de divisas, no a un realineamiento ideológico claro del electorado. Venezuela permanece en un limbo político bajo tutelaje norteamericano, sin que exista un proceso electoral competitivo comparable a los de Chile, Colombia o Perú. El caso salvadoreño, por su magnitud demográfica y por el carácter plebiscitario y de relaciones públicas de la reelección de Nayib Bukele, funciona más como relato de exportación mediática que como dato estructuralmente comparable con los tres casos centrales.

9. Conclusión

La tesis de la «derechización» latinoamericana no se sostiene como conversión ideológica masiva y homogénea de la región. En Perú y Colombia los resultados electorales fueron, literalmente, empates estadísticos resueltos por mecanismos de balotaje y voto exterior. En Chile, donde el resultado electoral sí fue una victoria amplia, la evidencia independiente de la urna —encuestas de autoidentificación con problemas metodológicos de fondo, pero también indicadores estructurales robustos como el Gini más alto de la OCDE, la arquitectura institucional heredada de la dictadura (AFP, Isapres), la economía de enclave minero-forestal y el desgaste documentado de la propia coalición de izquierda en el conflicto mapuche— sugiere que lo ocurrido es más una crisis de representación y gestión del descontento social que una conversión ideológica de fondo.

Colombia y Perú refuerzan la misma conclusión desde ángulos distintos. En Colombia, la persistencia de las élites tradicionales —Colombia ocupa el primer lugar mundial en rigidez de la movilidad intergeneracional de ingresos— demuestra que la posición de clase es anterior y ajena al resultado de cualquier balotaje. En Perú, el deterioro sostenido de la informalidad laboral, la desnutrición y anemia infantil, y la violencia y extorsión, atraviesa gobiernos de todo signo político sin que ninguno lo haya revertido. En los tres países, lo que persiste con independencia de qué coalición gobierne es una estructura de desigualdad, precariedad laboral y segmentación de derechos que ningún signo político ha resuelto: ese es el dato que la palabra «derechización» oculta al convertir un resultado de urna en un diagnóstico de sociedad.

Y no hay que perder de vista, al cerrar, un dato que la propia evidencia repasada en este documento sugiere con fuerza: en ninguno de los tres países hay indicio de que amplios sectores populares estén pidiendo menos acceso a derechos o la preservación de los privilegios de sus élites. La evidencia estructural apunta exactamente en la dirección contraria.

Referencias

[1] Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Resultados oficiales de la Segunda Elección Presidencial 2026, Perú. https://www.onpe.gob.pe/

[2] Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Resolución de proclamación de resultados de la Segunda Elección Presidencial 2026, 29 de junio de 2026. https://www.jne.gob.pe/

[3] Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Actas de escrutinio de voto en el extranjero, Segunda Elección Presidencial 2026. https://www.onpe.gob.pe/

[4] Registraduría Nacional del Estado Civil, Resultados oficiales de la Segunda Vuelta Presidencial, Colombia, 21 de junio de 2026. https://www.registraduria.gov.co/

[5] Registraduría Nacional del Estado Civil, Resultados oficiales de la Primera Vuelta Presidencial, Colombia, 31 de mayo de 2026. https://www.registraduria.gov.co/

[6] Servicio Electoral de Chile (Servel), Resultados oficiales de la Segunda Votación Presidencial, 14 de diciembre de 2025. https://www.servel.cl/

[7] Servicio Electoral de Chile (Servel), Resultados oficiales de la Primera Votación Presidencial, 16 de noviembre de 2025. https://www.servel.cl/

[8] Centro de Estudios Públicos (CEP), Estudio Nacional de Opinión Pública, series comparadas de autoidentificación política 2023-2025. https://www.cepchile.cl/

[9] OECD. Society at a Glance 2024: OECD Social Indicators. Paris: OECD Publishing, 2024. https://doi.org/10.1787/68221e2c-en

[10] Candia, Bernardo & Engel, Eduardo. «Taxes, Transfers and Income Distribution in Chile: Incorporating Undistributed Profits», Commitment to Equity (CEQ) Working Paper Series N.º 82, Tulane University, Department of Economics, 2018. https://commitmentoequity.org/publications-ceqworkingpapers/ — PDF: https://eduardoengel.com/papers/62candiaengelceq_final.pdf

[11] Flores, Ignacio; Sanhueza, Claudia; Atria, Jorge & Mayer, Ricardo. «Top Incomes in Chile: A Historical Perspective on Income Inequality, 1964-2017», Review of Income and Wealth, vol. 66(4), 2020, pp. 850-874. https://doi.org/10.1111/roiw.12441

[12] Gálvez, Diego & Pedemonte Rojas, Nicolás. «Geografías de la Protesta Mapuche durante el primer año del gobierno de Boric», Anuario del Conflicto Social, N.º 15, Universidad de Barcelona, 2024, e-46563. https://doi.org/10.1344/ACS2024.15.6

[13] Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Estado de Chile y pueblo Mapuche: Análisis de tendencias en materia de violencia estatal en la región de La Araucanía. Santiago: Andros, 2014. https://www.indh.cl/

[14] Núñez, Javier & Gutiérrez, Roberto. «Class Discrimination and Meritocracy in the Labor Market: Evidence from Chile», Estudios de Economía, Universidad de Chile, vol. 31(2), 2004, pp. 113-132. https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/127511

[15] Núñez, Javier & Pérez, Graciela. «‘Dime cómo te llamas y te diré quién eres’: la ascendencia como mecanismo de diferenciación social en Chile», Serie Documentos de Trabajo N.º 269, Universidad de Chile, Departamento de Economía, 2007.

[16] Bro, Naim & Mendoza, Marcelo. «Surname Affinity in Santiago, Chile: A Network-Based Approach that Uncovers Urban Segregation», PLoS ONE, vol. 16(1), 2021, e0244372. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0244372

[17] Jaramillo-Echeverri, Juliana; Álvarez, Andrés & Bro, Naim. «Surnames and Social Rank: Long-Term Traits of Social Mobility in Colombia and Chile», CAF Working Paper N.º 2021/17, Corporación Andina de Fomento – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, 2021. https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1848

[18] Munoz, Ercio & van der Weide, Roy. «Intergenerational Income Mobility around the World: A New Database», World Bank Policy Research Working Paper N.º 11166, 2025. http://hdl.handle.net/10986/43436; World Bank Group, Global Database on Intergenerational Mobility (GDIM). https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/what-is-the-global-database-on-intergenerational-mobility-gdim

[19] Narayan, Ambar; Van der Weide, Roy; Cojocaru, Alexandru; Lakner, Christoph; Redaelli, Silvia; Mahler, Daniel Gerszon; Ramasubbaiah, Rakesh Gupta N. & Thewissen, Stefan. Fair Progress? Economic Mobility across Generations around the World. Washington D.C.: World Bank, 2018. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28428

[20] World Economic Forum. The Global Social Mobility Report 2020: Equality, Opportunity and a New Economic Imperative. Ginebra, enero de 2020. https://www3.weforum.org/docs/Global_Social_Mobility_Report.pdf

[21] Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Informe Técnico: Producción y Empleo Informal en el Perú, Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN), 2025. https://www.inei.gob.pe/

[22] Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES): indicadores de anemia y desnutrición crónica infantil, 2025. https://www.inei.gob.pe/

[23] Ministerio del Interior del Perú (Mininter), Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, reportes estadísticos de homicidios y extorsión, 2025.

[24] Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), Ministerio de Salud del Perú, registros de homicidios por departamento, serie 2017-2023.

[25] Arriaza, Bárbara. «Expansión minera, déficit hídrico y crisis sanitaria. La potabilización del río Toconce y el impacto del arsenicismo en la población de la provincia de Antofagasta (1915-1971)», Historia 396, 2020.

[26] Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados de Chile (2016), sobre la explotación del río Loa por Codelco Norte y Soquimich y sus efectos en el oasis de Quillagua y en Chuquicamata, citada en Fundación Cántaro Azul / Agua.org.mx.

[27] Aguas Residuales, Conflictos por la escasez de agua subterránea en las regiones semiáridas del norte de Chile.

[28] Universidad de Chile, Repositorio Académico, memoria de geografía sobre desalinización y abastecimiento de agua en Antofagasta.

[29] Radio Universidad de Chile (2023), cobertura de un corte de suministro de agua potable en Antofagasta.