ANÁLISIS POLÍTICO Y ECONÓMICO

En  julio de año pasado entró en vigor un nuevo artículo del Código Penal en España, el cual limita la libertad, y donde opinar contra la Corona en las redes sociales es un delito que puede ser penado hasta con 2 años de prisión. Según dicho código, esta norma mordaza impide a los españoles hacer lo siguiente, entre otras cosas:

• Realizar una protesta en una “infraestructura que presta servicios básicos para la comunidad”. Es decir si pones una pancarta en la Vía expresa, ¡adentro! Si manifiesta durante un noticiero de TV, ¡adentro!
• Comunicar en Facebook o Twitter sobre un acto una protesta o manifestación. La norma permite que se castigue al mismo nivel a quien organiza una protesta sin permiso y también a quien difunde mensajes en las redes sociales sobre esa cita. Las multas  van de los 30,001 a los 600,000 euros (!¡).
• Colgar películas en Internet. “será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses el que, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente, en todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística o científica”.
• Manifestarse ante un Parlamento (en España hay varios). Participar en una concentración está penado con multas equivalentes a 2,400 soles (mínimo) y  120,000 soles (máximo).
• Hacer fotografías de la Policía. No se podrán tomar imágenes de los agentes de la policía si suponen “un peligro para su seguridad personal o familiar”. La multa es similar a la anterior.
• Perturbar una manifestación pacífica, con igual multa a la anterior, “perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita, cuando no constituya infracción penal”. Manifestar seria discordancia ante un mitin de algún delincuente que se presente de candidato a la Presidencia o alguna marcha de cucufatas sería causa de multa.
• Impedir un desahucio. Movilizarse para impedir que se expulse de su casa a quien falle en el pago de la hipoteca o para quien “obstruya a la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas o judiciales”, es causa también de multa.
• Ocupación de inmuebles, se castiga a quien ocupe un inmueble, y también a quien permanezca en ellos “contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de infracción penal”. Si se organiza una manifestación al interior de un colegio en contra de un director pedófilo, paga tu multa o si no ¡adentro!

Todo ello promovido por el Partido Popular (PP), el mismo de Aznar (el que se pronuncia contra Venezuela, Ecuador, Bolivia,  Cuba y Brasil, amigo de Macri y de Peña Nieto, en alianza con varias ONGs de Derechos Humanos de Perú y Venezuela. https://surhoy.org/2015/11/19/la-derrota-de-las-ongs-de-la-izquierda-de-parroquia-ante-venezuela-y-ecuador/)

En España hay dos instituciones que asesoran, premian y apoyan al gobierno del PP en medidas de “ese tipo” y estas son: Transparencia Internacional  (TI) y la Fundación Ortega y Gasset (Fundación Ortega y Gasset – Gregorio Marañón); cuyos patronos y directivos son en muchos casos las mismas personas:

• Antonio Garrigues Walker, abogado, asesor del actual de los gobiernos de España y Estados Unidos, patrono vitalicio de la Fundación Ortega y Gasset, y miembro del Consejo de Dirección del Comité Ejecutivo de Transparencia Internacional España.
• Curioso que el Presidente de Honor de esa fundación sea el matador de animales en cautiverio el señor Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, o Juan Carlos I, Rey de España. (Quien con Estados Unidos fueron los únicos en el mundo en brindar un reconocimiento oficial a la junta golpista de Pedro Carmona Estanga en Venezuela, entre otras perlas).
• Jesús Sánchez Lambás miembro del Patronato de la Fundación Ortega y Gasset como Vicepresidente Segundo y miembro del Directorio de TI.
• Emilio Lamo de Espinosa, el sociólogo de ultra derecha y ex director del Real Instituto Elcano.
• Jesús Lizcano Álvarez, Presidente de TI en España y conspicuo expositor principal en cuanto evento “académico” tenga la fundación antes mencionada.

No está demás decir que Transparencia International (TI), es contratista de USAID, la National Endowment for Democracy (NED) y Open Society (la de Soros, y la que financia y promueve eventos en el IEP de “democratización”). Y no está demás tampoco señalar que muchos de ellos son del Opus Dei.

Y como no podría ser de otra manera: La Fundación Ortega y Gasset viene a Latinoamérica a enseñar “Gobernabilidad” (a su estilo)  a través de su programa GOBERNA, “ESCUELA DE POLÍTICA Y ALTO GOBIERNO” que busca promover “un liderazgo ciudadano, más democrático, más transparente, más activo, más sensible a las demandas sociales…”  y ha tenido recepción en  Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, México; y lo hace a través  de instituciones locales y con el apoyo de Telefónica, Iberia o REPSOL, los dos primeros forman parte de GOBERNA.

En el Perú quien se ha prestado a sus “calificados” requerimientos es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Institución que a través de su Escuela Electoral y de Gobernabilidad  lanza diversos cursos y maestrías, y que son refrendados por la Universidad del Opus Dei en el Perú, es decir la Universidad de Piura (UDEP).

 

El señor Cipriani en la Universidad de Piura. ¿Este señor nos dirá qué es una injuria?

 

Obviamente sus “expertos” docentes son españoles ligados a esa fundación, profesores de la Universidad de Piura,  un boliviano enemigo acérrimo de Evo Morales y promotor del candidato de derecha y sucesor de Hugo Banzer: Jorge “Tuto” Quiroga. http://sucre.indymedia.org/es/2005/09/21939.shtml; Y para variar, el señor Fernando Tuesta (sin comentarios).  Con esta “canasta” de docentes el JNE enseña “gobernabilidad y transparencia” (lo más curioso es que cobran – algunos deberían pagar para escucharlos- a pesar que la Fundación  recibe financiamiento para ello).

 

Dado lo anterior, no es extraño que el JNE señale ahora, que fiscalizará a los que agravien candidatos en redes sociales, donde supervisará dichas plataformas y sancionará a personas que injurien a candidatos u organizaciones políticas.  Es probable que la funcionaria del JNE que se atrevió a declarar al respecto haya recibido alguna capacitación por los anteriormente citados dado que dijo: “que en la normativa electoral hay algunos vacíos porque la realidad está superando todo lo que está en el papel, por cuanto la ley data de fines de los años noventa”. Si creíamos que Macri era insuperable, el Perú también aporta lo suyo.

 

 

 

Entonces, qué entienden algunas personas por injuria: ¿Decir la verdad? Por ejemplo, ¿si alguien dice lo siguiente, sin ají, sería sancionado?:

• El señor Acuña desconoce lo básico sobre economía, historia o relaciones internacionales, su capital inicial es de origen poco transparente, y hay graves denuncias de abuso sexual, incluyendo su conducta  ignorante, tosca y grosera; o
• La señora Keiko no tiene experiencia relevante alguna, y su padre no “es inocente”
• El señor Urresti está implicado en el asesinato de un conocido periodista de la revista Caretas, y tiene acusaciones de abuso parecidos a los de Acuña y una conducta similar, o
• El señor Guzmán promovió el TPP y desea una alianza con Israel, y señala (irresponsable y sin verguenza) que los peruanos son unos ignorantes, siendo uno de los candidatos que menos conoce el país, o
• La señorita Mendoza no ha deslindado claramente de su relación con la señora Nadine y gran parte de sus “socios” y asesores son asalariados de USAID, o
• Los señores García, Toledo, y demás yerbas del campo son lo que son, o
• Los señores Alcántara, de Democracia Directa, tienen un pasado y presente nada transparente; y que no pueden ser peor dado que no han tenido hasta la fecha su «oportunidad».

¿Si le pone ají también?, ¿Las personas que digan la verdad se merecerían entonces una sanción investigada y promovida por el JNE? ¿Es decir, esta institución será la que norma y juzga (Dicta la norma, analiza, la aplica y sanciona: ¡ni en Arabia Saudita!)?  ¿Un capacitado por el Opus Dei y los de la Fundación Ortega y Gasset entre otras joyitas, nos dirán qué es una injuria? Por favor, sino nos damos cuenta del peligro que significa ello, estamos a un paso de una dictadura que recortará los pocos espacios donde ejercemos nuestra libertad de opinión; nuestro derecho al pataleo y a la denuncia.

 

La Inquisición de Goya

¿Los felipillos quieren resurgir de nuevo la inquisición en esta «democracia» mediocre y pegada con efluvios carnales? ¿No les basta con ser cipayos asalariados?

Que los que apoyan las violaciones a la libertad, la poca que nos queda,  que se esconden como el ácaro en el ano de una pulga ubicada detrás la sombra que deja el excremento de un perro sarnoso, cuenten desde hoy con nuestro más sincero y profundo desprecio.