ANÁLISIS POLÍTICO Y ECONÓMICO

Pintura del cajamarquino  Andrés Zevallos

«La Democracia son dos lobos y una oveja votando sobre qué se va a comer. La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.» Benjamin Franklin

Producto de la reforma agraria, realizada en el gobierno del general Juan Velazco Alvarado, (1968-1975) diversos latifundios del Perú fueron parcelados y entregados  a los  que la trabajaban en terribles condiciones de servidumbre.

Las Rondas de Cajamarca

En Cajamarca estas haciendas  también se  subdividen y gran parte de los terrenos pasan a posesión de los ex peones; y otra parte queda en manos de sus antiguos propietarios.  Con el cambio de ruta realizado por el gobierno de Morales Bermúdez (1975-1980), varios ex terratenientes ven la oportunidad de recuperar o sus tierras o su patrimonio a costa de sus antiguos peones.

El bien comercializable por excelencia es el ganado, y esa es la presa a conseguir. El abigeato promovido también por antiguos comerciantes se expande por los campos de Cajamarca; las denuncias ante la policía son inútiles (¿Cómo se atreven estos indios a acusar al patroncito?), los campesinos se dan cuenta que la única manera de defenderse es hacer grupos que se turnen en la vigilancia del caserío y ronden por sus alrededores para capturar a los ladrones.   Este proceso se inicia en 1976 en la provincia de Chota (centro de Cajamarca), y se expande a las provincias adyacentes (Cutervo, Hualgayoc). En décadas posteriores se las encuentra en la selva norte, sierra norte y central, y en costa norte del Perú.

Las capturas de abigeos por parte de los flamantes ronderos, les trae nuevos problemas. Si los entregaban a la policía eran puestos en libertad con suma facilidad por no haber consumado algún delito o por no llegar al monto pecuniario para que la formalidad legal lo considere como tal. Además, los abigeos acusaban (y acusan) a los ronderos de secuestro. Esta relación con una policía local subordinada al poder local y regional, hace que las rondas vayan adquiriendo una desconfianza cada vez mayor a los efectos del sistema policial y judicial peruano. La policía es percibida como un ente represor y no de resguardo de la seguridad ciudadana.

Ante el vacío de representatividad y el carácter peculiar del sistema judicial, la autonomía de las rondas se hace entonces explícita, y supera su rol de resguardo y comienza a asumir  funciones propias del Estado.  La legitimidad de las rondas se sustenta en el resultado de la casi eliminación del abigeato en las zonas donde operan. Entonces se tiene por un lado una organización legítima y autónoma que sirve a la clase campesina  de manera palpable, y por otro lado, un aparato estatal oficial, que obedece y cuyos cargos principales están ocupados por hijos de las familias de  los antiguos terratenientes y comerciantes que se consideraban (y consideran) “blancos” en zona de “indios”.

Durante el gobierno de Belaunde (1980-1985) las rondas en Cajamarca se consolidan, tienen el apoyo del sector progresista de la iglesia católica, monseñor Dammert es el obispo de Cajamarca y en su diócesis, que abarca las provincias del sur y centro de Cajamarca (Chota y Cutervo pertenece otra jurisdicción: La prelatura de Chota), instruye a numerosos catequistas campesinos, que se integran y participan activamente en las rondas. La participación activa de otros segmentos sociales,  como los  docentes, muchos de los cuales también estaban afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTEP), le dio un cariz más progresista a las Rondas,  y con la instauración de la elección directa y universal  de todas sus directivas, su democratización fue un hecho desde sus inicios.

Campesinas cajamarquinas

Cajamarca para esa época formaba parte del “solido norte aprista”, la mayoría de las familias mesocráticas de la zona tenían algún miembro en el Partido Aprista Peruano (APRA); las rondas son un obstáculo a su hegemonía y por ello apoyan la presión “oficial” contra los ronderos. Otro hecho que fortalece la legitimidad de las rondas es que al ser una organización de  ancha base y gestión horizontal, ni la policía ni los grupos subversivos podían infiltrarla con facilidad. Las zonas donde funcionaban las rondas escaparon de la guerra interna que arrasó el país entre los años 1980 y el 2000.

El gobierno del APRA se ocupó más de este “problema” campesino;  y comenzó a organizar grupos paralelos: Las  “rondas democráticas”;  y las entidades encargadas de ello eran las poderosas y bien financiadas instituciones estatales  “Cooperación Popular” (COOPOP, iniciada por Belaunde) y luego el  Programa de Apoyo al Ingreso Temporal (PAIT) (que solo entre agosto y diciembre de 1986  ofertaron 150,000 puestos de trabajo[i]), las “rondas” del APRA contaban con el beneficio de ofrecer trabajo, en un contexto de hiperinflación,  era una alternativa real para un campesino con productos estacionales.  El objetivo era desarticular a las rondas autónomas y para ello también elaboraron normas que además de corporativizarlas, subordinaban  toda ronda a la policía[ii];  en la práctica, dichas normas, no tuvieron efecto relevante alguno.

Una de las “Promotoras sociales” destinada a promover las rondas del APRA, a través del PAIT y COOPOP era la señora Rocío Silva Santisteban[iii], ex pareja  del señor Marco Arana, del Frente Amplio (https://surhoy.org/2015/09/15/diez-cuestiones-para-no-contar-con-el-senor-arana/); su labor no fue de unos meses, sino de varios años. Para verificar la información encontrada nos dirigimos al Jefe del COOPOP-PAIT de esas épocas, quien nos confirmó la información y agregó que le dio el trabajo a pedido expreso de su padre, quien era en esos tiempos Director del Instituto Nacional de Cultura (INC). Fernando Silva Santisteban mantuvo a su vez  una estrecha relación con Minera Yanacocha. Incluso Minera Yanacocha le encargó el libro “Cajamarca”, financiada por la misma empresa, bajo la cobertura de Antares (ONG Antares, de la hija de Alberto Benavides de la Quintana, propietario de Buenaventura, que a su vez es propietaria de Yanacocha), la presentación del libro está a cargo del propio Alberto Benavides.

Página número 1 del libro bilingüe «Cajamarca»

Uno de los protegidos de Fernando Silva en Cajamarca era el señor Pablo Sánchez, quien dirigía una ONG local,  el cual cuando se dirigía a los pobladores del campo los denominaba “mis campesinos”,  el mismo cuando regresó de un viaje pagado por Minera Yanacocha  a una explotación de la Newmont en los Estados Unidos, señaló públicamente en 1993 que “La mina no contamina”. El hijo de este señor Sánchez, de igual nombre,  trabaja desde hace años en la ONG Grupo de Información e Intervención para el Desarrollo Sostenible, “GRUFIDES” de Marco Arana, siendo Director de la misma en algunos periodos.

Paralelamente a esta endogamia de cargos y representaciones, en el Gobierno de Fujimori, la represión de las rondas se agudizó; después del golpe de estado de 1992,  salió el Decreto 002 de militarización de las rondas, el cual obligaba a las rondas a someterse al reglamento de organización y funciones de los Comités de Autodefensa, comités que de facto y de derecho estaban subordinados a los mandos militares. Las Rondas de Bambamarca (Provincia de Hualgayoc) fueron las que se resistieron con más fuerza a la militarización, siendo ignoradas por los prefectos (funcionario anacrónico designado y  dependiente en linea directa del gobierno central); los dirigentes ronderos fueron perseguidos judicialmente por terrorismo, o usurpación de funciones. Esta represión politizó partidariamente más a los ronderos, varios dirigentes se inscribieron en los grupos políticos que conformaban la Izquierda Unida.

El Convenio 169 de la OIT aprobado a fines de 1993 permitió el reconocimiento formal de las rondas campesinas, que si bien no es respetado en su integridad hasta la fecha, y para ello una muestra es la matanza del 5 de junio del 2009, durante la gestión de García,  conocida como el “Baguazo” (La comisión del congreso que investigó esos luctuosos sucesos halló responsabilidad política en la ex ministra de Comercio Exterior Mercedes Aráoz entre otros[iv], “Mercedes Aráoz no explicó correctamente al Consejo de Ministros los alcances de los decretos considerados lesivos por las comunidades amazónicas, para no poner en riesgo el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos”, curiosamente la señora se presenta ahora como candidata a la Vice Presidencia por el grupo PPK).

Ante la desarticulación de los diferentes partidos de izquierda, en los años posteriores al fujimorismo,  el único que se mantiene y forma cuadros ronderiles es el Partido Comunista Patria Roja (PCPR), cosa que le permitió una amplia base social que le posibilitó acceder al gobierno regional de Cajamarca en dos oportunidades, a través de un docente rondero: Gregorio Santos.

Killka de Marcus Ronjam

Las diferencias de clase, de opción y de vida entre los ronderos y los dirigentes mesocráticos  cajamarquinos ( y obviamente los limeños) que se agrupan a través de organizaciones como el Frente Amplio son entonces de larga data, y no se restringen a una simple participación en unas elecciones generales  bastante truculentas y llenas de errores que las deslegitimizan con amplitud. Que un campesino vote por un funcionario de ONG financiada por USAID es de por si una inconsistencia que no se resuelve con promesas ni discursos llenos de clichés. La traición de Humala esta fresca todavía.

https://surhoy.org/2016/01/26/el-tpp-cronica-de-una-gran-traicion/

«Pesa las opiniones. No las cuentes.» Séneca

[i] Mensaje de Alan García ante el Congreso Nacional, el 28 de julio de 1987.

[ii] Decreto Supremo 012, de 1987 del Ministerio del Interior

[iii] También ex Coordinadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entidad que recibió financiamiento del USAID, y promotora de cartas en contra de la gestión actual de Venezuela. Dicha señora entre otras recolectó firmas entre “escritores” de una universidad privada local y ONGs que reciben financiamiento norteamericano (Incluyendo la NED y Soros), para señalar que la “academia” apoya a su agrupación Frente Amplio.

[iv]  La página 262 del informe Lombardi, señala que la responsabilidad política Mercedes Aráoz en el ‘baguazo’ “se desprende del incumplimiento de la obligación constitucional de someter los decretos legislativos que afectaban directamente a los pueblos  indígenas a la consulta previa que señala el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)